Proceso de paz en la habana.
Antes de que la comisión jurídica se creara y diera los resultados que se conocieron, la Corte Penal Internacional y el Marco Jurídico para la Paz habían dado pistas de aterrizaje sobre el tema.
El presidente Santos y Timochenko, comandante en jefe de las Farc, estuvieron en la firma del punto relativo a la justicia. - Foto: EFE, publicada en Semana.com
Este punto de justicia no fue nada fácil de acordar y ha sido el nudo gordiano de los Diálogos de Paz, pues el Gobierno y las Farc tenían que inventarse una fórmula que no terminara en impunidad, que cumpliera con los requisitos de la justicia internacional y que, además, fuera rápida y efectiva para terminar con 50 años de conflicto armado.
Ahora, la fórmula está definida. Este 23 de septiembre las delegaciones anunciaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se juzgarán guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan colaborado con los grupos armados.
Allí se responden algunas de las preguntas que han rodeado a la Mesa en los últimos tiempos tales como si las Farc pagarán cárcel o no, cómo juzgarán a las Fuerzas Militares, cómo estará compuesto el tribunal y si habrá o no impunidad.
El punto de víctimas, del cual hace parte este acuerdo de justicia, comenzó a discutirse en La Habana en junio de 2014. Al ver que necesitaban más resultados, en julio de este año las delegaciones decidieron apretar el acelerador y formaron un grupo de seis expertos para que trabajaran en la justicia transicional, mientras que los delegados del Gobierno y las Farc seguían en otros temas.
Pero para llegar hasta este punto, primero se pasó por las advertencias de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y por los intentos de justicia transicional. A mediados de 2013 se comunicó de manera privada con la Corte Constitucional para expresarle varias de sus preocupaciones. La principal era que se acabaran las condenas ya emitidas.
En ese momento, la CPI dijo que “debido a que la suspensión de pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Y este no es un tema menor, pues hasta ahora se han proferido casi 2.000 condenas contra guerrilleros, de las cuales 157 son contra los comandantes del Secretariado de Farc, según conoció Semana.com con fuentes de la Fiscalía.
El punto no habla expresamente sobre qué pasará con las personas condenadas y sólo dice que la información de la Fiscalía, como la de otros organismos del Estado y la de organizaciones de víctimas y derechos humanos, servirá de insumo para las sentencias. Y no se trata de una información de poca monta, sólo por parte del Ente investigador hay más de 12.000 procesos en curso contra 16.000 miembros de la guerrilla.
Y el que sí se refirió a la suspensión de penas que vigila la CPI fue el fiscal general, Eduardo Montealegre. Al hablar sobre los condenados, afirmó en rueda de prensa que “podrían ser amnistiados 1.689 miembros de las Farc” y anunció que el organismo que dirige suspenderá las imputaciones por graves violaciones a derechos humanos contra la cúpula de Farc.
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